Desde su aparición en 1833, el carlismo ha cruzado la historia de España en sus dos últimos siglos, llegando incluso hasta nuestros días.
Compareció en tres guerras civiles del siglo XIX y en la más reciente de 1936, en la que aportó un importante contingente humano. Su presencia se hizo notar en toda la geografía nacional, si bien el país vasco-navarro, Cataluña y el antiguo Reino de Valencia, incluido el Maestrazgo, fueron sus feudos más característicos.
Su origen arranca del pleito dinástico planteado a la muerte de Fernando VII, haciendo bandera de la legitimidad que asistía al Pretendiente D. Carlos María Isidro de Borbón para acceder al Trono. Sin embargo, sus raíces son anteriores, y pueden reconocerse en las luchas realistas contra el Trienio Constitucional durante el período 1820-1823, y antes en los guerrilleros de 1808 y el levantamiento popular y patriótico contra el ejército napoleónico y sus colaboradores interiores, conocidos como “afrancesados”.
España venció al poderoso ejército francés, pero fue, sin embargo, de alguna forma vencida en el terreno de las ideas. Gran parte de las capas altas de la sociedad, formadas por nobles, militares e intelectuales, se dejaron ganar por las nuevas ideas surgidas de la Revolución y propagadas por las tropas napoleónicas, e impulsaron su desarrollo y aplicación en nuestro país. Una parte muy importante del pueblo en cambio - los campesinos que entonces constituían la inmensa mayoría de la población, en una España fundamentalmente rural -, permaneció fiel a la vieja Monarquía española, que con más o menos adulteraciones de hecho, se había mantenido en una continuidad política hasta su tiempo. A partir de esta primera escisión civil, quedaba sembrado en la sociedad española el germen de una división cuyos efectos se dejarían sentir hasta bien entrado el siguiente siglo.
Durante la primera guerra o Guerra de los Siete Años, el carlismo contó con un fuerte apoyo popular, hasta el extremo de poderse afirmar, como reconoció su contemporáneo Carlos Marx, su carácter mayoritario entre las clases populares –especialmente de las mencionadas regiones-, así como entre la mayor parte del bajo clero y la nobleza de carácter rural.
La derrota militar, causada en buena medida por la ayuda internacional –especialmente de Francia e Inglaterra- prestado al bando isabelino, y las propias discordias internas, y la represión y el exilio subsiguientes, no eliminaron su existencia, que volvió a manifestarse con fuerza tras la crisis revolucionaria que siguió a La Gloriosa, esta vez con Carlos VII como abanderado.
Esta larga pervivencia del carlismo hace que éste no pueda explicarse sólo en términos de un pleito dinástico, ni tampoco como la expresión de la conflictividad generada por unas circunstancias socio-económicas puntuales, relacionadas con años de mala cosecha, aumento de gravámenes a los menesterosos, leyes desamortizadoras o erupciones episódicas de anticlericalismo en “una España atrasada y gobernada por los curas”. Ningún pueblo sólo, casi sin jefes, sostiene una lucha durante medio siglo contra la ideología que propagaban sus propias clases directoras, si no es animado por una idea poderosa y dominante.
La continuada presencia del carlismo durante siete años en 1833-40, en 1843, en la campaña 46-48, en el 54, en la intentona de Ortega del 60, en los levantamientos de 1869, en la guerra de 1872-76… representa, por el contrario, la reacción inmunológica del organismo social en rechazo de un sistema de valores, representado por el liberalismo revolucionario, profundamente antitéticos de la tradición nacional, con amplias implicaciones de carácter religioso, político, social y económico.
En las guerras carlistas –y sus antecedentes realistas y de los “malcontents”- se expresa la reacción popular contra ese cambio perturbador que amenazaba “las creencias y las leyes que hicieron felices a nuestros padres”, según proclamaba el propio Cabrera en uno de sus bandos a los pueblos del Maestrazgo.
Como ha señalado el profesor Comellas -catedrático de Historia Contemporánea y uno de los mayores especialistas en la época de Isabel II-, “durante mucho tiempo, los hombres de nuestra cultura cristiano-occidental vivieron seguros de su verdad. No dudaban ni por un momento de la existencia de Dios, de que el sistema político más apropiado para el gobierno de los pueblos era la Monarquía, de que la estructura más conveniente a la sociedad era aquella en que unos enseñan, otros defienden y otros trabajan; de que los usos y costumbres transmitidos por nuestros padres eran algo digno de respetarse y conservarse...”
El racionalismo del siglo XVIII empezó a erosionar esta mentalidad tradicional, y la Revolución Francesa supuso su brusco resquebrajamiento. El nuevo régimen que sustituye al antiguo, supuso el comienzo de un período muy distinto, mucho más inquieto y tempestuoso, en el que las opiniones de los hombres se dividen y cambian. Perdidas las viejas certezas, las sociedades viven en la tensión de los enfrentamientos, la escisión en partidos, la sucesión de Constituciones de escasa duración, de pugnas parlamentarias…La historia de España, hasta entonces dotada de una marcada continuidad y claro sentido, se transforma en una historia turbulenta y aparentemente contradictoria, carente de hilo conductor, que parece fluir por cien cauces sin confluencia.
Diversas naciones europeas de cultura cristiana pagaron con sangre y guerras esta fractura teológica, política y social causada por la irrupción del liberalismo, empezando por el genocidio provocado por la propia Revolución Francesa. En la España paladín de la vieja Cristiandad y cuya unidad católica había sido preservada en un esfuerzo multisecular, son las guerras carlistas -silenciadas, mal comprendidas, casi olvidadas-, las que ocupan ese lugar a través del cual se prolonga, sin embargo, el sentido interno de nuestra historia.
Como explica el profesor Rafael Gambra, a partir de la guerra contra los franceses, esta continuidad de la historia patria no puede encontrarse en una historia política vista desde Madrid, sino en una historia popular, agreste, vista desde el monte o la guerrilla.
Son conflictos que el mismo autor llama “guerras de independencia espiritual” respecto a las nuevas ideas revolucionarias. Todas ellas reconocen como causa una misma fe en que se unía, en apretada síntesis, el espíritu religioso aún vivo y fervoroso en las clases populares, con el amor a las formas propias de gobierno y la lealtad a la legitimidad monárquica. La defensa, en fin, de un orden social que se estimaba derivación del credo religioso que con el formaba una fe y una bandera.
Es cierto que en las guerras carlistas el problema dinástico fue algo real, cuyo papel no puede ignorarse. Pero, con pleito o sin pleito sucesorio, estas guerras fueron inevitables, porque en el pueblo español no podían convivir armónicamente dos concepciones de la vida. Y ello no por africanismo y atraso cultural, como sostienen algunos, sino por adhesión firme a una fe y por intuición clara de sus implicaciones en el orden político y en la entera vida comunitaria. Como escribió un prestigioso politólogo no carlista[1], las guerras carlistas no fueron sino las guerras de dos modos distintos de entender la vida. Frente al laicismo del Estado, la centralización unificadora que el liberalismo doctrinario conlleva, junto con una idea gaseosa y abstracta de la libertad, los carlistas oponían el sentido católico de la vida, la constitución corporativista y gremial de la sociedad, la sustancia medular de la vieja democracia municipal española, y la idea “realista” de las “libertades concretas”.
El carlismo puede considerarse que fue, en este sentido, exponente de la continuidad histórica de las Españas, frente a la quiebra representada por el nuevo régimen. Representó, dicho con otras palabras, la posibilidad de una especie de “modernidad alternativa”, de lo que pudo haber sido y no fue, desde la fidelidad a la tradición política española y a los valores cristianos, monárquicos y castizos arraigados en el alma popular, resumidos en ese trilema de Dios, Patria y Rey. Expresión, por tanto, irrealizada de un modelo distinto de modernidad, al que la historia dejó en la cuneta.
Aunque en una mirada superficial pudiera parecer lo contrario, el carlismo no fue en el siglo XIX la defensa del absolutismo, como tampoco sería en el siglo XX la defensa de ningún régimen de dictadura totalitaria. No hay para ello más que hacer una comprobación geográfica: en las regiones en las que la política uniformista del absolutismo aplastó las libertades concretas, el carlismo antiliberal fue débil. Dónde quedaba vigoroso el latido de la sociedad tradicional, como en el caso del Maestrazgo, de Cataluña y de las provincias del Norte, el carlismo tuvo una firme presencia.
Es cierto que en su origen se mezcló con el absolutismo, y que entre sus filas muchos tuvieron esta extracción inicial. Sin embargo, con el paso de los años se fue decantando por una continuidad que no era mera vuelta atrás, sino fidelidad a los principios de la antigua Monarquía española: cristiana y personal, federativa y popular, social y representativa, desprendida de las adherencias incorporadas en el período de la Ilustración y el centralismo borbónico. Así el carlismo, a medida que tuvo que explicar sus razones y justificar su actuación histórica, cristalizó en un ideario político y en una doctrina que conocemos como tradicionalismo.
A lo largo del siglo XIX y en la misma medida en que el liberalismo y el nuevo orden iban arraigando en la sociedad, el carlismo pasó de ser una especie de “terreno común” de los españoles –algo así como un “inconsciente colectivo”- a ser un movimiento social de amplia base primero y un partido político después, para quedar reducido en época posterior a una minoría intelectual, sustentadora de un denso edificio de principios políticos, pero alejada ya de unas masas crecientemente identificadas con el nuevo orden revolucionario y con el progreso material por éste brindado.
En esta situación vive aún hoy el carlismo, nostálgico de una España desaparecida, cuando los españoles se han hecho mayoritariamente “europeos” y abrazan con entusiasmo los nuevos paradigmas de la postmodernidad, híbrida de aquel liberalismo y del socialismo que le siguió, y las nuevas corrientes de un mundo que pretende construirse según los planes del hombre y de espaldas a Dios.
[1] Fernandez de la Mora, G: Pensamiento español, 1966.Ediciones Rialp, Madrid 1968
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